Secuestros de expedientes
Posadas, Misiones (Por PLE). Si bien el magistrado se mostró hermético al momento de brindar cualquier información sobre las pesquisas a su cargo, trascendió que tendría una lista de siete nombres de personas involucradas, de las cuales al menos tres son abogados de un reconocido estudio jurídico posadeños, además de dos obstetras y de una trabajadora social.
Desde que comenzó esta investigación, el juez ordenó más de una decena de trámites con la finalidad de corroborar las denuncias de dos chicas paraguayas, una de ellas menor de edad, que quieren recuperar a sus hijos. Entre esas medidas impulsadas por Rey hubo secuestros de expedientes en un Juzgado de Familia, de historias clínicas, allanamientos a sanatorios, además de declaraciones testimoniales y diligencias en el Registro de las Personas, donde verificaron documentaciones relacionadas a inscripciones de recién nacidos.
Además, localizaron en Buenos Aires a los padres adoptivos, a quienes se citó para mediados de este mes a una audiencia obligatoria con las madres biológicas. Rey citaría a indagatoria a los letrados y médicos que estarían involucrados en estos casos de supresión de identidad y adopciones irregulares. A partir de ahí, se tomará su tiempo para establecer si se está o no ante una asociación ilícita, en cuyo caso deberá definir roles, protagonistas y conductas repetitivas.
Este diario pudo saber que al profundizarse las investigaciones se detectaron casi una decena de casos de adopciones irregulares tramitadas en diferentes Juzgados de Familia. Los propios magistrados habrían colaborado en las detecciones y separado los expedientes “dudosos” que ya obrarían en poder del juez Rey. Llama la atención que en casi todos aparece siempre una misma abogada, cuyo nombre se hizo no- torio a partir de su actuación en la defensa de un miembro de la Justicia provincial. Sería la misma que ya figuraba en otra investigación iniciada en febrero último por la Seccional Séptima, donde dos chicas embarazadas de la zona de Villa Cabello denunciaron que intentaron comprar a sus hijos.
En esa oportunidad la letrada y otras personas sólo estuvieron demoradas por algunas horas. La gravedad de esta situación estaría en las formas en que se tramitaron las adopciones. Si bien las madres biológicas -todas indocumentadas- dieron sus verdaderos nombres (al menos eso es lo que se cree), dijeron ser argentinas y los trámites se realizaron con numeración de documentos de este país. Esos números corresponderían a documentos de identidad de otras personas. Esto constituiría el primer paso para la supresión de identidad, ya que si alguna vez la persona adoptada pretende conocer a sus padres biológicos no podrá hacerlo.
Otro escollo al buscar su origen es que posiblemente también se incurrió en la falsedad del informe socioambiental de la madre biológica. De este modo nunca podrán encontrar los lazos de sangre, situación que se agravaría si necesitara someterse a un trasplante de órganos, donde la única posibilidad de vivir pasa por la donación de un hermano o de sus padres.
“Hacían un sorteo para ver
a quién le tocaba cada panza”
Sandra, de 32 años, es la hija mayor de Liliana y por circunstancias familiares prácticamente se crió con su padre. Vivió mucho tiempo en Buenos Aires, tiene dos hijos y cuando regresó a Posadas, a medida que visitaba a su madre, se dio cuenta que algo raro pasaba en esa enorme casa de inquilinato donde además viven sus hermanos. Decidió intervenir al hablar con algunas de las chicas embarazadas, y éstas le relataron la situación que estaban viviendo y el temor que les generaba desobedecer a Liliana. Varios intermediarios Cuando Sandra comprendió la trama que había armado su madre, decidió ayudar a escapar a las chicas de la casona y las albergó en su propia casa. Ante semejante osadía, Liliana la amenazó, después fue a buscar a las jóvenes y ante el escándalo que se armó en el barrio, actuó la policía.
Sandra radicó la denuncia y las dos mujeres fueron demoradas y luego trasladadas a la Alcaidía de Mujeres durante 20 días al cabo de los cuales quedaron libres bajo fianza, aunque se labró un sumario caratulado "supresión de estado civil y supuesta falsificación de documento público", intervino el Juzgado de Instrucción I, a cargo de Horacio Gallardo.
“En este negocio hay varios intermediarios, en el que están incluidos por ejemplo los hermanos de la abogada en Paraguay o “amigas” de las chicas en Posadas, y cuando detectan las panzas, entre los abogados hacen un sorteo a ver con cuántas se queda cada uno. Porque trabajan tres abogados y si son cinco chicas uno de ellos se queda con dos. A veces, el primer lugar adonde llegan no es la casa de Liliana, sino de alguna de las intermediarias que obviamente cobran para traer las panzas, después van a la casa de mi mamá, que sólo es una parte de esta trama”.
La joven, al ver la desesperación de las chicas por recuperar a sus hijos, decidió hacer la denuncia en la Justicia nacional y después en Canal 13. El productor del equipo de Telenoche Investiga, Miguel Acosta, comenzó a investigar en Posadas y proveyó documentación al juez Rey. Este entró en acción realizando allanamientos y recogiendo testimonios de las jóvenes. Por ahora caratuló la causa como “supresión de identidad”.
"Era buena conmigo"
El caso de Antonia es muy similar al que cuenta Ursula sólo que además de la letrada que ya fue identificada por el juez Rey, actuó otra abogada, una ex funcionaria del Gobierno provincial. “En su estudio entregué a mi hijo, ella hizo los papeles y varias veces fue a verme mientras estuve internada en el Hospital Madariaga donde tuve a mi bebé el 17 de diciembre pasado. La otra abogada era buena conmigo. Me decía que mi hijo iba a estar mejor con el matrimonio que se lo llevó, que yo era joven y podía tener más hijos". Otra de las chicas, Carolina, que logró preservar su embarazo y tendrá a su hijo en Paraguay.
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