Proveedores de hijos: un negocio cruel

 Dos jóvenes paraguayas que entregaron en adopción a sus hijos denunciaron haber sido víctimas del accionar de una red que facilita adopciones irregulares de niños. “Prometieron hacerme estudiar, darme una vida mejor y dejar que de vez en cuando viera a mi hija”, relató Ursula (16) al juez, justificando la entrega de su beba a una mujer que parece integrar una red de adopciones ilegales.

Posadas, Misiones (Patricia López Espínola/Fotos Mónica Giménez). Antonia (22), indocumentada como Ursula, escucha los testimonios que se parecen a los propios y también intenta dar con su hijo. El que escuchó el testimonio es el juez de Instrucción II, José Luis Rey, que investiga desde hace meses una probable red de adopciones irregulares que tendría como protagonistas a reconocidos abogados del foro local. El magistrado ya incautó documentaciones en una clínica privada donde preparan las “panzas” para las futuras adopciones. Hace cerca de un año, tres socios de un conocido estudio posadeño de abogados armaron “un equipo” junto a Liliana, de nacionalidad paraguaya, encargada de “guardar” a las chicas embarazadas; se sumaron una empleada del Registro Provincial de las Personas, una asistente social y dos tocoginecólogos. Los punteros de Liliana detectan embarazadas en Pindojú, un distrito paraguayo de San Pedro del Paraná, en el Departamento de Itapúa, a muchos kilómetros de Encarnación (Paraguay). Las hacen cruzar la frontera y quedan al “cuidado”, en una casa ubicada en pleno centro de Posadas.
Mientras tanto los letrados van contactando a los futuros padres adoptantes. Meses antes del parto y en esta ciudad, éstos se encuentran por primera vez con quien lleva en sus entrañas al hijo que comprarán, y son testigos del aleccionamiento al que son sometidas las chicas, para que no cometan ningún error en los sucesivos pasos que tendrán que dar.

Investigación en marcha
Unos días antes del parto, ya con el discurso aprendido, refuerzan el “vínculo” entre las madres biológicas y los “papás”, modo en que son obligadas a llamarlos. Mientras tanto, siguen con la promesa de darles una vida mejor; a ellas y a sus niños.
Según los testimonios de las víctimas, los abogados implicados llevaron a las “panzas en guarda” a sus propios hogares, para que las mujeres embarazadas limpien sus casas y cuiden a sus hijos. Increíblemente, y por si acaso la crueldad de sacarles a sus hijos no fuese poca, no reciben pago alguno por esos servicios domésticos. Otra parte del “trámite de adopción” lo realiza una empleada en el Registro de las Personas, quien acelera la constancia de pérdida del DNI, para que con ese papel puedan ir a parir a sus hijos a un sanatorio céntrico o en la Maternidad del Hospital Madariaga. A raíz de la investigación de la Justicia -y por una denuncia que realizó el equipo de producción de Telenoche Investiga- ya fue allanado el Servicio de Estadísticas del Madariaga, un sanatorio (renombrado por sus conflictos gremiales) y el Registro Provincial de las Personas, de donde confiscaron
documentación que comprometería a una ex funcionaria judicial. Se hicieron reconocimientos a
varios estudios jurídicos en busca de documentación y se secuestraron ex pedientes de un Juzgado de Familia. Por ahora no hay detenidos; pero la investigación continúa. Ursula tuvo una nena, Antonia un varón. Ambas están a la espera de que la Justicia resuelva y puedan al fin reencontrarse con sus bebés.

Documentos adulterados
Ursula fue rememorando su historia con el único propósito de que hacerla pública, le permita reencontrarse con su beba que ya cumplió siete meses. “En agosto del año pasado vine de Paraguay a ver a una amiga que me contactó con Liliana, porque tenía gente conocida que quería un bebé. Fui a vivir a su casa, donde cada tanto un doctor me controlaba el embarazo. En esa casa vivían más chicas: María, Antonia, Mirta, Eugenia y otra que también se llama Ursula. Todas estábamos embarazadas”, contó.
Cuando la joven comenzó con las contracciones, “Liliana me acompañó al sanatorio y tuve a mi hija por cesárea, con 2,900 kilos, el 4 de noviembre, con el mismo doctor que me revisaba siempre. Me internaron con un documento falso donde figuraba que tenía 20 años. Tuve a mi hija un viernes a la noche y el sábado aparecieron por el sanatorio, Viviana (33) y Osvaldo (35), el matrimonio que se llevó a la nena. Esta mujer entró al sanatorio como mi hermana y Liliana se hizo pasar por mi mamá. Estuve una semana (mientras su hija permanecía en la incubadora), y en esos días me vino a ver la abogada, que después del alta me pidió que fuera su oficina donde entregué a mi beba a Viviana y a Osvaldo, adelante de Liliana. Los ocho días siguientes fui llevada a la casa de un policía, primo de Viviana, para dar de mamar a mi hijita”, recordó la menor que recién se animó a denunciar su caso luego de caer en la cuenta de que no volvería a ver a su hija.
“Ellos prometieron que no iban a perder el contacto, que si la entregaba en adopción Viviana y Osvaldo me ayudarían a conseguir mis documentos, a estudiar ...”.
La beba salió del sanatorio con un DNI donde figura que su madre biológica es Ursula, de nacionalidad argentina, con 20 años y domicilio en Posadas. Los testigos de la adopción de la beba ante el Juzgado fueron la abogada y otra mujer. “Unos días antes de firmar, la abogada y Liliana me enseñaron junto a una asistente social lo que tenía que decir en el Juzgado”.
Ursula to davía recuerda de memoria lo que debía decir: “No puedo tener a mi hija porque soy pobre y no estoy preparada para mantenerla. No tengo a nadie porque mis papás están muertos”. Es que ellas dos, junto con una asistente social -cuya firma aparece en todos los informes socio ambientales que están en manos del juez- consiguieron un certificado de defunción de los padres de la chica. “Pero mis papás están vivos, gracias a Dios”, subrayó.
“Después regresé a la casa de Liliana llorando. Cuando pasaban los días y pedía ver a mi hija, la abogada me dijo que regresara a Paraguay e hiciera de cuenta que no pasó nada. A la semana, Liliana nos hizo cruzar a Encarnación a Antonia y a mí, por debajo del Puente Internacional. Nos dio 60 pesos a cada una y le pagamos 40 a una pasera para que nos hiciera cruzar del otro lado”.
Una vez allá, las dos chicas decidieron hacer la denuncia y para ello contaron con la ayuda de Sandra, la hija de Liliana. “Quiero recuperar a mi hija. No me voy a quedar de brazos cruzados”, prometió la madre niña. (Publicado en Junio de 2006)